Todo gobierno verdaderamente preocupado por el fomento de la ética en sus miembros y en sus instituciones públicas precisa de una serie de instrumentos básicos.
Este artículo centra su reflexión sobre los derechos sociales en el Estado de Bienestar, y plantea la pregunta de si su protección es indispensable para posibilitar la autonomía del ciudadano. Así, partiendo de que la exclusión del acceso efectivo a ciertos servicios básicos implica una reducción de la ciudadanía y de la integración política, considera que la participación ciudadana y la sociedad civil son elementos indispensables para repensar y democratizar un Estado de Bienestar anquilosado burocrática-mente, sin que ello suponga un retroceso en las conquistas históricamente alcanzadas.
El trayecto seguido para consolidar un sistema de partidos políticos en República Dominicana, como es lógico, ha sido prolongado y pedregoso. Como bien sabemos, la fundación misma de la República en 1844 tuvo que ser defendida y consolidad en un dilatado proceso.
En esa búsqueda y conformación de un Estado-nación nuestro país vivió una segunda mitad del siglo XIX muy convulsiva: lucha por el afianzamiento de la Independencia, anexión a España y Restauración, luchas por el control del Estado entre caudillos regiones, dictaduras y múltiples confrontaciones hasta llegar a la intervención norteamericana de 1916, la cual sentó las bases para una de las dictaduras más férreas de América Latina.